El departamento de San Marín, ubicado en el centro oeste de Perú es sencillamente exuberante en biodiversidad, probablemente una lógica consecuencia de su colindancia con la región amazónica del país.
También ha sido, por siglos, el hogar de decenas de comunidades indígenas quienes han vivido (y lo siguen haciendo) en armonía con el bosque. Uno de esos bosques es la Reserva Yurilamas, que cubre 26 mil hectáreas, de las cuales, siete mil están dedicadas al cultivo de productos como cacao, frijoles, plátanos, yuca y maní, por las comunidades originarias utilizando métodos sostenibles.
Pero las restricciones relacionadas con el COVID-19 en el transporte y otras actividades logísticas, así como la necesidad urgente de proteger a las poblaciones indígenas de la infección, han resultado en una severa caída en los ingresos de muchas de estas comunidades en San Martín, que además es la tercera mayor área productora de café del Perú.
Walter Sangama Sangama, es el presidente de la Federación de Comunidades Indígenas Kechwa (FEPIKRESAM), una poderosa organización indígena cuya fundación lideró la formación de otras organizaciones semejantes, explica que las comunidades no han recibido apoyo del gobierno para ayudarles a superar su inesperada pérdida de ingresos. Incluso, los lugareños también se han visto obligados a formar sus propias patrullas para evitar que personas ajenas entren y eventualmente infecten a los residentes con COVID-19.
Sangama enumerá aquí, las acciones de apoyo que requieren del Estado peruano.
